La Justicia al borde del caos en Valencia


Abogados de Valencia empiezan a darse de baja del turno de oficio

El colegio muestra su preocupación por si la situación se extiende y ve peligrar la prestación del servicio

18.01.12 – 00:25 –
LAS PROVINCIAS – A. RALLO | VALENCIA.
A algunos abogados del turno de oficio de Valencia no les salen las cuentas. El pensamiento se resume de esta forma: ¿Vale la pena estar en el servicio para cobrar tarde y además con una rebaja media del 37% en las tarifas con la Orden que sacará en breve la Conselleria? La respuesta para muchos es que no, según el Colegio de Abogados de Valencia (ICAV). Y la consecuencia es el «goteo» constante durante los últimos días en los que los profesionales del turno solicitan su baja de la asistencia gratuita.
La institución colegial no ofreció ayer datos del número de letrados que se han retirado de la prestación del servicio. Más allá de la cifra lo que preocupa realmente al decano del colegio, Mariano Durán, es el efecto llamada que pueden tener estas primeras anulaciones. Actualmente, el número de letrados inscritos ronda los 1.400. Algunos lo hacen por necesidad económica y para otros, los menos, es una cuestión vocacional. El porcentaje es de un 20% de todos los colegiados.
El número actual sobrepasa con amplitud las necesidades del servicio. «Hay cierta reserva», confirmó Durán. No obstante, «si la tensión continúa y las bajas prosiguen se puede poner en peligro el servicio», aseguró.
La Conselleria negó ayer que el servicio corra ningún riesgo ya que este se encuentra recogido en la Constitución y existen mecanismos legales para garantizarlo. Además, consideran que el comunicado del ICAV persigue únicamente ejercer presión sobre la Generalitat.
El colegio informó ayer en un comunicado que la retribución media trimestral oscila entre los 1.200 y los 1.500 euros. Los abogados de Valencia hacen una guardia al trimestre que, en algunas ocasiones, se prolonga más de 24 horas.
La negociación entre el Colegio de Valencia y Justicia se rompió la pasada semana después de que la institución valenciana se planteara incluso firmar al margen de los otros siete colegios que, ya con anterioridad, habían rechazado la posibilidad de un acuerdo con la Conselleria.
Ahora, en principio, las negociaciones están rotas por ambas partes pero, al mismo tiempo, en ambos grupos muestran su voluntad de reabrir el diálogo. El distanciamiento forma parte también del mismo juego, un gesto de cara al consumo interno de cada institución. Pero, la realidad es que a todos les conviene un acuerdo al que no se ha podido llegar durante los últimos cuatro meses.
El presupuesto para este año asciende a 18,5 millones de euros. Esto supone un incremento de 2,5 pero a su vez se trata de una rebaja encubierta ya que el gasto real se acercaba a los 25 millones y la Conselleria corría con el sobrecoste todos los años.
Otra de las urgencias que reclaman los abogados es la puesta en marcha del expediente electrónico, una medida que permitiría comprobar en un día si una persona tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita tras cotejar sus datos de Hacienda. En la actualidad, esto se conoce con varios meses de retraso cuando el proceso, la mayoría de las veces, ha concluido. Esta agilización permitiría un ahorro de cerca del 3%. Sin embargo, la Conselleria de Justicia no dispone del dinero para la adaptación informática, alrededor de 60.000 euros, según los letrados.

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